The funeral of Regina Martinez, where a large floral display from ex-Gov. Javier Duarte can be seen to the right.

Photo: Ruben Espinosa, Proceso

English

Mexican Journalists: Self-protection

2016 survey

67.5 % practice self-censoring as a means of self-protection

64.2 % stopped going out to report in the streets

57.3 % admitted to adhering to censorship practices of their media organizations

50 % reported hiding information from untrustworthy colleagues

22.8 % reported filtering ideas or information that they couldn’t publish to international news media

0%

50%

100%

Source: The influence of threat and contexts of risk on journalism practice: Evidence from a national survey of Mexican journalists by Sallie Hughes, University of Miami, and Mireya Marquéz-Ramírez Iberoamerican University (Mexico City), May 3, 2016

 

July 23, 2017   XALAPA, Mexico

La muerte de la reportera Regina Martínez fue mucho más allá de lo que sus colegas podían soportar.

Ya habían sido asesinados otros cuatro reporteros en el estado de Veracruz en los primeros dos años de gobierno de Javier Duarte. El primero, el columnista Noel López Olguín, secuestrado y asesinado de un golpe en la cabeza. Después Miguel Ángel López y Misael López Solana, padre e hijo, empleados ambos del diario Notiver, acribillados a balazos por un comando dentro de su propia casa. Poco más tarde, Yolanda Ordaz de la Cruz, que cubría la nota roja también para Notiver y fue torturada y decapitada.

Pero Regina —inmune al miedo, comprometida y a quien todos sabían incorruptible- ejercía de inspiración para los demás. La corresponsal del semanario Proceso, especializado en periodismo de investigación, era conocida por exponer casos de corrupción y abusos de poder habituales en un estado petrolero desbordado por el crimen organizado y con un sistema político tan opaco como la jungla de su frontera sur. Si ella no estaba segura, nadie lo estaba.

El reportero de CNN Expansión Rodrigo Soberanes, que siempre había considerado a Martínez su mentora en la profesión, le pegó un puñetazo a la pared de su casa con todo el odio que tenía dentro. El corresponsal Lev García lloró mientras tecleaba la noticia que publicaría el periódico Reforma en la capital del país. El reportero de Notimex Leopoldo Hernández, que también había aprendido la profesión junto a Martínez, se dirigía a una boda cuando Lev García le llamó.

“¿Estás sentado?”, le preguntó.

“Mataron a Regina”

Hernández sintió que le partía un rayo. Dice que llamó a Gina Domínguez, la portavoz de Duarte, soltando una sarta de insultos mientras exigía saber qué había pasado.

Domínguez, en todo pausado y con la confianza que se tenían le llamó "Polo" y dijo: “Parece que estás diciendo que fuimos nosotros

- “Si no fueron ustedes”, respondió Hernández, “¿pues quién?

 

Protestors start their campaign to name the main square in Xalapa “Plaza Regina Martinez” on the third anniversary of the death of the investigative reporter in April 2015.

Conditions and Threats in Practicing Journalism

 

According to a survey of journalists in Xalapa, capital of the most dangerous state of Veracruz,

Source: 2015 Survey of 107 journalists by Jorge Morales of the State Commission to Protect and Attend to Jouranlists in Veracruz.

 

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Y Veracruz el estado de mayor mortalidad.

En los seis años de mandato del ex gobernador Javier Duarte, 18 periodistas fueron asesinados en Veracruz. Hay tres más desaparecidos. Esa cifra en un estado del tamaño de West Virginia no tiene parangón en el mundo. O no lo tiene más que en la provincia siria de Aleppo según el Centro de Protección de Periodistas, (CPJ) una organización con sede en Nueva York.

Durante esos mismos seis años, otros 19 periodistas fueron asesinados o desaparecieron en el resto de México.

Y 2017 va por el camino de convertirse en uno de los más mortales para la prensa. Hasta Julio, cuatro reporteros y un director editorial habían sido asesinados en varios estados del país. Uno en Veracruz. El director de un canal de televisión en Michoacán, también desapareció. Sus restos aparecieron quemados en el fondo de una quebrada.

Uno de los editores de un periódico de Veracruz recibió cuatro disparos y sobrevivió. El diario Norte, en una ciudad fronteriza, Ciudad Juárez, dejó de salir a la calle argumentando que el periodismo se ha convertido en una actividad demasiado peligrosa.

México es un país democrático que no está en guerra. Aún así ocupa el noveno lugar en la lista de países con más periodistas muertos desde 1992 por delante de Afganistán, Ruanda o los territorios palestinos ocupados, según el CPJ. Cuando se ven las cifras desde 2011, México es el primero de la lista, por delante incluso de Siria e Irak en asesinatos de no combatientes que el CPJ considera relacionados con el ejercicio de su trabajo o que son sujeto de investigación en torno la relación entre crimen y desempeño de la profesión.

Si Veracruz fuera un país, sería el noveno del mundo en periodistas asesinados.

Se asume con normalidad que los asesinatos de periodistas son parte de la violencia generalizada que provocan los cárteles de la droga y envuelve a gran parte del país. Es un factor indudable. Pero no puede obviarse otra cifra: Que casi el 40% de los ataques a periodistas en México son perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad públicas, policías o militares, y funcionarios. La fuente, el propio gobierno. Y en lo que atañe a Veracruz, esa cifra asciende al 81% de los casos.

En México, el terreno más peligroso para un periodista es aquel en el que se cruzan los intereses de un cártel y los de las autoridades.

La reportera Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo en la ciudad norteña de Chihuahua. Le dispararon ocho veces cuando salía de casa acompañada de uno de sus hijos. Tres semanas antes había publicado un artículo sobre los vínculos entre varios candidatos a alcalde y el crimen organizado.

 

Ex-Gov. Javier Duarte meets with Proceso top editors April 29, 2012, the day after Martinez’s death, promising a thorough investigation into her killing. Late-Proceso founder Julio Scherer stuns Duarte by responding, “Mr. Governor, we don’t believe you.”

Photo: German Canseco, Proceso

Attacks on the press

 in Mexico have risen steadily from 172 in 2011 to a record 426 in 2016.

In those six years:

How many journalists have been physically attacked?

650

 

How many media outlets have been attacked?

125

How many journalists have been threatened?

350

 

How many journalists have been killed?

47

 

Source: Article 19 Mexico

Los ataques contra la prensa en Veracruz durante el mandato de Javier Duarte borraron del mapa casi toda cobertura crítica con su gestión, garantizando que tanto él como otros miembros de su administración pudieran robar decenas de millones de dólares sin seguimiento periodístico. Duarte desapareció cuando terminaba su periodo de gobierno, a finales de octubre pasado. Ya se le acusaba de lavado de activos y crimen organizado. Fue capturado en Guatemala y extraditado a de vuelta México.

Casi todos los casos en los que se han visto envueltos periodistas siguen en la impunidad. Las organizaciones defensoras de sus derechos sólo conocen 2 casos de los 38 registrados desde 2011 que hayan terminado en condena contra alguien. Uno de ellos es el asesinato de Regina Martínez. Y en este, hay muchas razones para creer que el hombre que cumple condena en prisión no es el asesino.

La prensa de México no nació para ejercer como instrumento independiente de control del ejercicio del poder sino al servicio del Partido Revolucionario Institucional, que ha gobernado el país durante 71 años seguidos. Que en el caso de Veracruz son 80.

El gobierno federal y las entidades locales pagan cada año millones de pesos a los medios en concepto de publicidad institucional. Como dijo una vez el Presidente José López Portillo: “No te pago para que me pegues”.

Durante el mandato de Duarte, el gobierno de Veracruz pagó a los medios cientos de miles de dólares al mes. (Esos pagos han terminado desde que asumió el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes). Jorge Morales, de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, dice que esos contratos “te obligan a escribir mentiras, te obligan a manipular información, te obligan a hacer cosas no éticas”. Los periodistas ganan alrededor de 200 dólares al mes, incluso menos. Son de soborno fácil.

Martínez era diferente. Había estudiado. Vivía con modestia de un salario un poco mejor que la media gracias a una revista de tirada nacional y no permitía que una fuente le pagara ni una Coca-Cola. Entre todos los asesinatos de periodistas en Veracruz si el suyo es el que más resuena, aún cinco años después de muerta, es porque representa las consecuencias de decirle las verdades al poder en México.

Y porque su impacto va más allá de la prensa.

Según Andrés Timoteo, un periodista que abandonó Veracruz la misma noche que supo que habían matado a Regina Martínez, el asesinato de un periodista perjudica a la sociedad en su conjunto. Pensó que él mismo podía ser el siguiente. “Los criminales encontraron en los periodistas un vehículo para aterrorizar a toda la población. Si matas a un periodista, pones a temblar a todos … a la gente, los lectores, el gobierno, el gremio mismo ... El crimen encontró un terreno fértil porque había un gobierno permisivo, había un gobierno que no investigaba ni castigaba."

Cinco años después, sigue en el exilio.

 

The home of Regina Martinez, where she was found murdered on April 28, 2012.

Photo: Ruben Espinosa, Proceso

Apenas metro y medio, ni 50 kilos. Regina, de cara alargada y gestos acentuados era una mujer dura. Daba voz a los pobres, a los explotados, a los opositores. Fue piedra en el zapato para cuatro gobernadores. Conocía bien los manejos corruptos de sus colegas y tenía tanta precaución con ellos como con las autoridades. De joven le había hecho muchísimo daño saber que su novio de entonces, un fotógrafo, informaba sobre ella al gobierno. Nunca hablaba de su vida privada y para proteger a su familia les pedía que no dijeran que eran parientes suyos.

Martínez comenzó trabajando para la televisión del estado. Contaba con orgullo que la despidieron por no ser suficientemente guapa. Después, en los 80, aterrizó en La Política, un periódico opositor. Cuando comenzó a trabajar para Proceso, a finales de los 90, ya era una institución.

Veracruz se extiende a lo largo de poco más de 600 kilómetros sobre el Golfo de México. Son miles de kilómetros cuadrados de cítricos, café y caña de azúcar ubicados entre los yacimientos petrolíferos del norte y las petroquímicas al sur. Uno de los corredores más utilizados para todo tipo de tráficos ilegales de México. La ruta más corta para droga, migrantes y contrabando entre Guatemala -América Central por extensión- y Estados Unidos pasa por aquí.

En un estado habituado a una prensa dócil, Martínez lanzaba noticias como puñetazos con regularidad. Abarcaba desde la esterilización forzada de mujeres indígenas hasta el dinero público con el que se pagó el avión privado de un gobernador. Poco antes de su asesinato había escrito que el déficit del estado había aumentado en un 67.000% en los once años previos, durante los gobiernos de Duarte y sus predecesores. No sólo eso. Que no había nada que mostrar a cambio de ese gasto.

Regina escribió a menudo sobre Fidel Herrera, gobernador entre 2004 y 2010, acusado de usar de manera indebida fondos de un equipo de fútbol, también sobre sus vínculos con los cárteles de la droga según una investigación de la Fiscalía General de la República (Herrera ha negado cualquier conexión y no hay acusación formal contra él).

 

The home of Regina Martinez, where she was found murdered on April 28, 2012.

Photo: Ruben Espinosa, Proceso

Attacks on journalists

by some representative of the government (e.g., state or local police, local authorities, the army or marines) from October 2012 to September 2015:

Source: Federal Mechanism for Protection of Human Rights Workers and Journalists, 2015 annual report and 2015 diagnosis of the situation for journalists in Veracruz.

Mexico 40%

Veracruz 80%

Una de sus historias de más impacto narraba la violación y paliza a una mujer indígena de 73 años que apareció al borde de la muerte en una zona montañosa y empobrecida del estado. Antes de morir, la mujer le dijo que los responsables de los sucedido habían sido soldados del ejército mexicano. La autopsia confirmó que había sido violada y que la causa de la muerte fue la paliza que recibió.

Las historias de Martínez tenían impacto en todo el país, sobre todo cuando en el caso de la violación y supuesto asesinato de la anciana, los investigadores del gobierno federal y la comisión nacional de derechos humanos eximieron al ejército de cualquier responsabilidad, rechazaron el resultado de la autopsia y afirmaron que la mujer había muerto por causas naturales. Martínez entrevistó al oficial al mando, que se mantuvo en sus trece. Con esa historia, captó la atención de sus colegas de la capital mexicana. Jenaro Villamil, reportero de Proceso dijo que “No tenía miedo enfrentar el ejército”. Que para “cualquier periodista así, mis respetos”.

Cuando Herrera dejó el cargo y su protegido, Duarte, asumió como gobernador, en 2010, aumentaba la violencia relacionada con el narcotráfico. Según la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), los Zetas batallaban por el control de la plaza, sobre todo del puerto de Veracruz, contra un cártel alineado con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narco más poderoso de México en aquel momento.

En los seis años de gobierno de Fidel Herrera, fueron asesinados tres periodistas. En 2011, el primer año de gobierno de Duarte, esa cifra ascendió a seis.

Martínez había comenzado a recibir su dosis de presión y acoso. A lo largo de los años había sido excluida de cualquier evento oficial y de los boletines informativos en represalia por sus historias. A veces, cuando publicaba algo importante, los ejemplares de la revista Proceso desaparecían de los kioscos de Veracruz. En 2011 alguien entró en su casa y robó su paga extra de navidad. Fue extraño que el ladrón dejara el baño lleno de vapor como si se hubiera tomado una ducha, también que hubiera roto, uno a uno, sus jabones decorativos. Se trataba según sus amigos, de un mensaje claro y preocupante. Soberanes lo verbaliza. “Que podían llegar a lo más privado de su casa”.

Sus amigos dicen que en privado mostraba preocupación. Que llegó a pensar en mudarse. Que después cambió de opinión.

Todo el mundo conocía sus rutinas de fin de semana. El viernes después de comer se esfumaba tras la puerta metálica y el candado de su pequeño bungalow de un cuarto. Trabajaba todo el fin de semana y nadie volvía a verla hasta el lunes. A principios de 2012 había estado especialmente recluida. Dijo a dos de las personas en las que más confiaba que trabajaba en algo muy sensible.

La noche del viernes 27 de abril guisó con frijol, envió un mensaje a una fuente para cancelar una entrevista que tendría lugar semanas más tarde y a las 10 de la noche su vecino la llamó para decir que la puerta de la casa estaba abierta. Ella le dio las gracias y dijo que la cerraría.

La mañana siguiente el mismo vecino vio que la puerta metálica aún seguía abierta, que la de la casa también estaba abierta de par en par. Llamó. No obtuvo respuesta. A las cinco de la tarde decidió llamar a la policía. El agente que llegó al lugar encontró a Regina boca arriba en el suelo del baño, sobre un charco de sangre, golpeada y estrangulada. Con un trapo de limpieza colocado con cuidado tapándole toda la cara excepto los ojos.

University of Veracruz unions march in February 2016 on the main plaza to protest not getting paid because of a financial crisis under ex-Gov. Javier Duarte. The governors’ debts and public corruption were themes Regina Martinez followed closely as a journalist.

 Photo: Katherine Corcoran

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades trataron de no considerar su trabajo como posible causa del asesinato. Las filtraciones a la prensa fueron inmediatas. Que conocía a sus asesinos, que había estado de fiesta con ellos hasta altas horas de la noche. Que se trataba de un crimen pasional porque tenía un mordisco en el cuello.

En apenas una semana, el entonces fiscal del estado, Amadeo Flores Espinosa, convocó una rueda de prensa para decir que el motivo más probable del asesinato era el robo.

La escena del crimen fue un caos. Según Laura Borbolla, fiscal federal para los crímenes contra periodistas en aquel momento, se destruyeron pruebas fundamentales para la investigación. Las botellas de cerveza vacías, que podían contener información genética y huellas fueron lavadas con detergente. Se tomaron mal las huellas dactilares. Sólo una de las muchas muestras sirvió para algo y los investigadores no tuvieron en cuenta parte de la sangre del baño.

Según el expediente del caso, los investigadores preguntaron a los amigos y compañeros de Regina si sabían de amenazas. Dijeron que no. Ahí se terminó la investigación relacionada con el móvil laboral.

En su lugar, los investigadores preguntaron a sus amigos más cercanos cuanto bebía y si consumía drogas. Los trataron como sospechosos. Les tomaron huellas dactilares y de calzado para saber si alguna coincidía con lo encontrado en el baño. También moldes de dentadura para ver si alguno coincidía con el mordisco del cuello. Las filtraciones a la prensa decían que uno de sus amigos, Leopoldo Hernández, que había cuestionado la participación del estado en el crimen, era su novio. Y lo calificaron de sospechoso. Hernández mostró fotografías y recibos de cajeros automáticos que lo situaban a tres horas de distancia la noche del crimen. Y se fue a la Ciudad de México.

En un perfil de Regina, los investigadores escribieron que bebía para gestionar el estrés provocado por su trabajo y que poco antes de morir se había hecho con minifaldas y productos para aumentar la libido debido a una relación reciente.

En octubre de 2012, más de seis meses después del crimen, el fiscal general del estado anunció el arresto de un sospechoso que había confesado que estaba en la casa cuando Regina fue asesinada. Jorge Antonio Hernandez Silva, conocido como “El Silva” era un drogadicto seropositivo y criminal de baja estofa que llevaba viviendo en la calle desde la adolescencia.

En su versión, el supuesto novio de Martínez –el supuesto asesino- fue un hombre llamado José Adrián Hernández Domínguez, prostituto y ladrón, apodado “El Jarocho”. El Silva dijo que “El Jarocho” había conocido a Martínez en un bar y desde entonces mantenían una relación. Los dos habían ido esa noche a su casa para beber y robar.

Hay inconsistencias en esa versión. Según la autopsia, Martínez no tenía alcohol en la sangre. Sólo café. No había ningún mordisco en el cuello sino un gran moratón y la mandíbula rota, provocada probablemente por un golpe asestado con nudillos metálicos. Si el motivo del ataque fue el robo, la cartera con sus tres tarjetas de crédito estaba intacta. Y los ladrones dejaron atrás equipos electrónicos como un Apple ibook. Pero se llevaron un ordenador portátil y dos teléfonos, con toda la información que tuvieran dentro.

Ninguna de las evidencias forenses, ni las muestras de sangre ni el ADN, recogidas de las uñas de Regina, coincidía con El Silva. Y las huellas y el ADN de El Jarocho no estaban al alcance de los investigadores aunque se tratase de alguien ya fichado por el sistema penal.

Pero el giro más importante de todos los posibles en el caso de Regina vino del propio sospechoso encarcelado. Una vez que El Silva se sentó ante el juez, dijo que había sido privado de su libertad por hombres que creyó miembros de la Agencia de Investigaciones de Veracruz, que le habían retenido durante una semana y que le habían torturado y amenazado para que confesara el crimen.

Cumple una condena de 38 años.

El Jarocho huyó y no se conoce su paradero. El fiscal que levó el caso, Luis Ángel Bravo, renunció y cerró el caso.

 

Regina Martine Photo: Proceso

Si los investigadores hubieran examinado el trabajo de Regina, habrían encontrado que estaba siguiendo pistas de gran importancia. Con las que tener cuidado.

Le había dicho a dos personas, entre las que se incluía su editor en Proceso, que trabajaba en algo que implicaba al exgobernador Fidel Herrera y la corrupción.

También investigaba una serie de cadáveres no reclamados que habían aparecido enterrados en el cementerio municipal de Xalapa, la capital del estado. Muchos, con orificios de bala. Quería saber si el gobierno utilizaba las fosas comunas para enterrar sin aviso a víctimas de la escalada de violencia entre los cárteles.

Había adelantado bastante en una historia que comenzaba a salir a la luz ese mismo año. Veracruz tiene fosas comunes que podrían ser más las grandes de México. Se han encontrado hasta 300 cráneos en sólo dos lugares. Y las familias de los desaparecidos acusan al gobierno del estado de tener 192 cuerpos sin identificar en el cementerio de la capital, algo que el gobierno niega.

Por último, tres semanas antes del asesinato, su colega en proceso, Jenaro Villamil, escribió una historia sobre dos candidatos al congreso de antecedentes dudosos, Reynaldo Escobar y Alejandro Montano. El título: “Dos regresos peligrosos”. Según el artículo, 14 testigos protegidos contaron que Escobar, que había sido fiscal, permitió que los Zetas entraran a Veracruz y que Montano, que había sido jefe de la seguridad del estado, poseía nueve edificios, una casa de millón y medio de dólares y más de 17.000 metros cuadrados de terreno a nombre de su esposa pese a su origen humilde y a que su único trabajo conocido era con el estado. También era propietario de un periódico, algo que los políticos mexicanos suelen hacer para controlar la información.

Esa edición de Proceso no pudo encontrarse en Xalapa y Regina llamó a sus editores en Ciudad de México para contarles que el gobierno del estado no estaba nada contento con la historia.

Otra hipótesis es que la mataron sin motivo concreto. Quizás alguien quiso enviar un mensaje. Eso creen algunos de sus colegas.

Miguel Díaz, fundador de Plumas Libres, un diario digital cree “que fue planeado: vamos a matar a esa mujer para dar un escarmiento a los demás” imagina que alguien pensó. “Y lo que provoco fue eso… muchos huyeron del estado … desapareció el periodismo de investigación por muchos años en Veracruz… “

Quienes huyeron: Los amigos más cercanos de Regina. Soberanes, Hernández y García. Habían creado un círculo de seguridad para desarrollar su reporteo crítico. Compartían información, publicaban historias sensibles y al mismo tiempo nadie se exponía en solitario. Sólo uno ha regresado a Veracruz.

Tras todo esto, la corrupción se desató. Duarte dejó atrás un estado al borde de la bancarrota, sin ley y sumido en la violencia.

Cada año, el 28 de abril, los colegas de Regina, conmemoran su muerte en la plaza principal de Xalapa, Plaza Lerdo. Piden justicia. Un grupo de activistas ha intentado que la plaza sea bautizada en su honor. Colocan una plaza que dice “Plaza Regina Martínez”.

Y cada año, las autoridades la retiran.

 

Regina Martinez interviewing a source

Photo: Proceso

Una versión de este artículo fue publicada por The Associated Press.

La investigación para esta pieza contó con el apoyo de Alicia Patterson Foundation en Washington, D.C. y el Kellogg Institute for International Studies at the University of Notre Dame en Indiana.

 

 

 

SIN JUSTICIA EN VERACRUZ,

LA MUERTE DEL PERIODISTA NO ESTÁ RESUELTO

de KATHERINE CORCORAN