Katherine Corcoran • 3 de Agosto de 2017

 

Llegué a Kellog en enero pasado como Investigadora en Políticas Públicas con un proyecto que se creó para responder una pregunta: ¿Por qué México se volvió cada vez más peligroso para los periodistas a medida que se abrió a la democracia?

Anhelaba hacer uso de los recursos del Instituto, pero no imaginé que tendría la fortuna de encontrarme con el Profesor e Investigador Guillermo Trejo y su grupo de estudiantes de posgrado. Sus investigaciones me proporcionaron información clave que detalla lo que muchos llaman la “crisis de la libertad de información” mexicana.

En los últimos cinco años, México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para periodistas que trabajan en situaciones no combativas. Fui reportera de la Associated Press ahí durante 9 años y pude constatar de primera mano el recrudecimiento de la inseguridad.

De acuerdo al sentido común, los narcotraficantes serían los responsables del incremento exponencial en los asesinatos de periodistas, así como en los asesinatos en general en todo México desde que el ex Presidente Felipe Calderón iniciara su guerra contra los carteles a finales de 2006.

Sin embargo, mis observaciones y reportajes en el área me indicaron algo muy distinto.

Las estadísticas del gobierno mexicano, mismas que conseguí a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, muestran que cerca del 40% de los ataques a periodistas desde 2012 han sido perpetrados por algún actor del estado, ya sea policía, político o soldado. En el estado de Veracruz, epicentro del más reciente auge de asesinatos a periodistas en México, ha ocurrido el 81% de los ataques. (Con 18 periodistas asesinados tan solo de 2011 a la fecha, si Veracruz fuera un país éste sería el noveno más peligroso del mundo.)

La investigación de Trejo y su equipo también difiere de este sentido común y apunta hacia otro blanco: La criminalidad política.

En el último trimestre del siglo XX, la democratización alteró enormemente las redes criminales que anteriormente operaban bajo los gobiernos autoritarios y dictaduras latinoamericanas. Como señala Trejo, en países como México donde no se realizó una reforma en el sistema judicial a la par de la transición hacia la democracia, la clase política se volvió criminal, ya sea controlando, coludiéndose, o convirtiéndose al crimen organizado para ganar elecciones competitivas y mantener así el control en su poder.

Trejo la llama la “zona gris” en la que los funcionarios electos y los jefes criminales y/o sus intereses se volvieron uno solo. Todo aquel que intente revelar esta relación de mutuo beneficio – periodistas, informantes, activistas de derechos humanos, ambientalistas – pone su vida en manos de éstos.

Un ejemplo de ello es el más reciente asesinato de un periodista ocurrido en México. Javier Valdez, un muy respetado cronista de la vida con el narco y de larga trayectoria, fue asesinado a tiros cerca de las oficinas de su periódico, el semanario Riodoce, el pasado 15 de mayo en el estado de Sinaloa. Él había expresado abiertamente que le temía más al gobierno que al narco.

En una entrevista que le hice personalmente, Valdez calificó a la clase política mexicana de “intolerante, represiva y homicida.”

“La clase política… está donde está gracias a que los narcos la protegen. Los narcos financian sus campañas, los ponen como candidatos y luego los vuelven gobernadores,” dijo.

Las investigaciones de Kellog explican cómo y por qué.

El trabajo realizado por Trejo, en coautoría con la ex Investigadora de Kellog, Sandra Ley, vincula el incremento de la violencia ligada a las drogas con la llegada de las elecciones multipartidistas en los municipios locales. La derrota de los jefes de estado pertenecientes al autocrático partido impuesto en el poder por décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones locales a principios de los 90’s afectó la protección política que el PRI había brindado a los carteles para que pudieran operar. Los carteles crearon entonces su ejército personal para proteger su territorio de los nuevos gobiernos de oposición o de los demás carteles que trataban de aprovecharse de su vulnerabilidad.

Los carteles con ejército propio tienen el poder letal de “renegociar la protección con las autoridades entrantes mediante las armas – en lugar de con sobornos como lo hacían en el pasado,” Trejo y Ley escriben en su artículo, “¿Por qué los carteles de la droga en México entraron en guerra? La alternancia de partidos sub-nacionales, el resquebrajamiento de la protección a criminales, y el inicio de la violencia masiva” (disponible en Estudios Políticos Comparativos).

La alternancia de partidos políticos, “una de las características que definen a la democracia representativa – puede ser un detonante de violencia masiva en sociedades en las que las esferas del crimen organizado y las autoridades gubernamentales se entrecruzan”, escriben Trejo y Ley. “Dadas estas asociaciones latentes, en lugar de asumir una relación suma cero entre grupos de crimen organizado y el Estado, es esencial entender las distintas maneras en que se involucran los criminales y los agentes del Estado entre sí”.

En su tesis doctoral, el Dr. Investigador Juan Albarracín se centra en la manera en que los políticos y los grupos criminales forjan este tipo de relaciones en la periferia de Río de Janeiro, Brasil. Aunque él estudia a otro país, sus hallazgos reflejan el mismo tipo de alianzas que surgieron entre políticos y criminales en México posteriores al autoritarismo del PRI.

Albarracín voltea la mirada a un fenómeno que ocurre en algunas municipalidades brasileñas y que se ha desenfrenado en México – el robo de dinero público por parte de los gobernadores electos democráticamente. Él lo denomina crimen organizado puesto que se da a gran escala e involucra la cooperación y complicidad a muchos niveles. Si consideramos la actividad criminal ejercida por el gobierno, resulta lógico que las instituciones, tales como la policía o el poder judicial, protejan a las redes del crimen organizado por encima de los ciudadanos.

En el estado de Veracruz, en donde se basa mi proyecto, el ex gobernador Javier Duarte está acusado del desvío de decenas de millones de pesos en fondos públicos para su propio enriquecimiento – paralelamente, los asesinatos y ataques a periodistas estuvieron silenciando al periodismo crítico e independiente que reportaba en su estado.

“Difícilmente consideramos la malversación de fondos como una actividad criminal, pero lo es. Y los políticos criminales están increíblemente organizados”, me dijo Albarracín en una entrevista que le hice para mi proyecto en Kellog.

“En el caso de Veracruz, es bastante claro que el gobierno de Duarte controlaba otras formas de crimen. Puede ser que no estuvieran directamente involucrados en el narcotráfico, por ejemplo, pero regulaban este terreno. De hecho gobiernan al crimen. Lo que en realidad es sumamente importante, es esta gobernanza del crimen”.

El Investigador de Kellog, Hernán Flom, quien ahora se encuentra en el Instituto Conjunto de Conducción Estratégica del Ministerio de Seguridad en Argentina, está escribiendo un libro sobre política y regulación del crimen organizado enfocado en la policía, un elemento clave dentro del nexo entre el Estado y los grupos criminales.

Su trabajo realizado en Argentina y Brasil describe la misma ruptura de la autoridad de Estado ocurrida en algunas partes de México, donde la policía funge como sicario para los carteles.

“Las fuerzas policiales emergieron de los regímenes autoritarios con una gran autonomía”, escribe Flom, “tanto para dirigir sus propias corruptelas como para utilizar la fuerza excesiva y realizar abusos a los derechos humanos con el fin de mantener el control”.

¿Pero de qué manera explica todo esto los asesinatos en México?

La investigación arroja que la necesidad de ganar elecciones y controlar el territorio dentro de un sistema multipartidista ha creado una nueva clase política criminal sin el control del autoritarismo. En muchos casos, se ha vuelto más peligroso enfrentar a los políticos que a los criminales mismos, y con los altos niveles de impunidad que existen en países como México, no existe consecuencia alguna por silenciar a sus críticos.

México es mortífero para los periodistas. Pero también lo es Brasil, donde Albarracín investigó estas alianzas político-criminales. Éste califica entre los 10 países más peligrosos del mundo para periodistas en situaciones no combativas.

“La supervivencia de estos grupos político-criminales es fascinante- es un acertijo en sí mismo”, me dijo en una entrevista. “¿Por qué aún existen? ¿Por qué logran sobrevivir por tanto tiempo? Ello contradice todo lo que se esperaría de una democracia. Pero una vez más, cuando analizas la manera en que operan estas democracias a niveles locales, difícilmente se puede considerar democráticas a estas municipalidades”.

Un análisis más minucioso de los asesinatos a periodistas en México confirma la investigación.

A menudo la policía está involucrada. El asesino del periodista Marcos Hernández Bautista en 2016 fue un jefe de la policía. Anabel Flores fue secuestrada en febrero de 2016 por hombres uniformados, y Miguel Ángel López Velasco fue asesinado junto con su esposa e hijo en 2011 en un ataque tipo comando, emulando las tácticas policiales.

Los reporteros son privados de la vida por revelar los vínculos entre políticos y narcos. Miroslava Breach fue asesinada de 8 tiros en la ciudad de Chihuahua, al norte del país, al salir de su casa con uno de sus hijos el 23 de marzo. Tres semanas antes, Breach había publicado un artículo sobre los nexos entre candidatos a la alcaldía local y el crimen organizado.

Meses después, no hay una sola pista en su caso, ni en el de Javier Valdez.

La impunidad permite esta intimidación y el silenciamiento continúa. De al menos 40 periodistas asesinados desde 2011, solamente en dos casos ha habido sentencias. En muchos de ellos, las autoridades se apresuran a declarar que el asesinato se debió a una disputa personal y no al trabajo del reportero, o que el periodista estaba involucrado con el crimen organizado, poniendo en duda a la víctima en casos en los que debería realizarse una investigación criminal.

Lamentablemente, esto hace sentido dado que el Estado, el cual se encarga de juzgar crímenes, es también sospechoso de un alto porcentaje de los ataques.

 

 

El Kellogg Institute for International Studies, que forma parte de la nueva Keough School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame, es una comunidad interdisciplinaria de académicos y alumnos de la universidad y  de todo el mundo, la cual promueva la investigación, brinda oportunidades educativas, y crea enlaces vinculados a dos temas fundamentales en nuestro mundo – la democracia y el desarrollo humano.

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La ex directora de la Associated Press para México y Centroamérica, Katherine Corcoran, fue residente en el Kellog Institute como Investigadora en Políticas Públicas la primavera de 2017. Estará de regreso durante el año académico 2017-18 en ese mismo papel para continuar con su investigación y para guiar el proyecto piloto de liderazgo global del instituto.

SIN JUSTICIA EN VERACRUZ

La investigación realizada en Kellogg explica los factores detrás de los asesinatos de periodistas en México.