de Katherine Corcoran

23 julio, 2017

Ciudad de México

 

 

En México la tradición dice que el periodismo de investigación le crea problemas al reportero y no a quien está haciendo algo malo.

La periodista de radio Carmen Arístegui fue despedida después de revelar que el presidente Peña Nieto tenía una casa construida por una empresa que había recibido contratos públicos por valor de millones de pesos durante su gestión.

Arístegui la espiaron, la demandaron y entraron en sus oficinas. Peña Nieto fue exculpado.

El reportero Víctor Hugo Arteaga dijo que un funcionario público le había amenazado y había tratado de bloquear el acceso a su periódico digital, Animal Político, para que no publicara una historia sobre empresas fantasma que se llevaban fondos públicos del estado de Veracruz. El funcionario mencionó los dos hijos pequeños de Arteaga.

El diario Noroeste, en Sinaloa demostró el vínculo entre un ex gobernador y una fábrica de amoniaco cuya construcción fue autorizada sobre un humedal. Cuando se publicó, los camiones que trabajaban en el lugar fueron confiscados por las autoridades federales.

“Nos quieren atosigar. Nos quieren romper las ganas de seguir adelante”, dijo Arístegui, la periodista que tenía el programa de radio matutina más escuchado del país antes de ser cancelado en marzo de 2015. “Sabemos que es una batalla de resistencia”.

Y algo comienza a cambiar.

Armados con una nueva ley de transparencia y mejor formados para el periodismo de investigación, los periodistas mexicanos destapan casos de corrupción y comportamientos ilícitos tan bien documentados que ni público ni administración pueden permitirse ignorarlos.

Quienes hace tiempo asistían resignados a declaraciones oficiales y filtraciones de políticos que trataban de desprestigiar a sus opositores ahora crean, como periodistas, proyectos independientes que siguen con minuciosidad la pista que dejan muchos documentos que no todo el mundo sabe ya públicos.

Alejandra Xanic von Bertrab, que ganó un premio Pulitzer por documentar las comisiones y sobornos pagados por Walmart México  para construir sin límites cree que “lo que ha cambiado muchísimo son las herramientas” y explica que “de pronto tienes un portal en que te puedes buscar en que cárcel esta un detenido federal … número de placa de un camión que chocó en la autopista, ver contratos, consultar una base de datos nacional de negocios, empresas, accionistas, donde están… antes era un hoyo negro…

Así sucedía con las “empresas fantasma” creadas por la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para desviar fondos públicos a manos privadas.

Con la ayuda de Arteaga desde Veracruz, el periodista de investigación de la capital Arturo Ángel navegó entre actas de constitución y licitaciones, comprobando direcciones y descubriendo la falsedad de ciertos contratistas que recibían fondos para ayudar a víctimas de desastres naturales y personas pobres.

Todos los documentos que demostraban la trama eran públicos.

De repente, Arteaga, decidió retirar su firma de la historia, algo que las autoridades de Veracruz utilizaron para desacreditar su trabajo. Pero el periodista dice en público que si lo hizo fue porque le amenazaron y temió por su familia. Otro periodista se le acercó. Dijo que colaboraba con el estado. Le preguntó que haría falta para archivar la historia.

Ángel recuerda: “Literalmente me dijo que… sabía que investigaba a ciertas empresas y querían saber la posibilidad, los términos para que les diera, no publicara la historia. No al menos hasta las elecciones. Estamos abiertos a lo que propongas”

Cuando declinó con educación, el enviado se ofreció a ayudarle con cualquier cosa que necesitara la próxima vez que viajara a Veracruz, incluidas unas vacaciones “Tenemos hoteles muy finos”.

Los artículos fueron publicados como se había previsto, antes de la elección del gobernador y el partido de Duarte, el PRI, perdió por una gran cantidad de votos. La historia acabó provocando una acusación formal contra Duarte, que huyó del país, fue detenido en Guatemala y extraditado de vuelta a México.

Que las autoridades federales abrieran su propia investigación desde el mismo día que se publicó la historia, fue algo sin precedentes. Sorprendió incluso a los periodistas que publicaron la historia.

El Director General de Animal Político, Daniel Moreno, dijo que “por primera vez teníamos la certeza que algo esta pasando”

La reacción habitual es la del caso de Arístegui cuando destapó la existencia de la “Casa Blanca”. Que las autoridades hicieran lo que estaba a su alcance para desacreditarla a ella y a sus reporteros. Les acusaron de que su fuente era una filtración proporcionada por uno de los rivales de Peña Nieto. Pero la historia nació de que uno de sus reporteros abrió una revista del corazón que llevaba un gran reportaje sobre la nueva casa de la primera dama, diseñada por un arquitecto famoso. Decidió investigar el origen de aquello y descubrió que la había construido Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial del grupo HIGA, que había recibido cientos de millones de dólares en contratos públicos entre los que se incluía un proyecto de tren de alta velocidad cancelado días antes de la publicación.

Los reporteros publicaron en la red todos los documentos que apoyaban su investigación y compartieron todo con la prensa internacional antes de publicar. Una vez que la veracidad de la investigación parecía evidente, la historia atravesó fronteras desde el primer momento.

Después Peña Nieto nombró a un amigo como responsable del departamento encargado de investigar las acusaciones de corrupción que decidió que no había existido ningún conflicto de interés. El Presidente que se había propuesto que su nombre pasara a la historia por modernizar el país pasó a ser conocido por la casa blanca.

Según Arístegui se convirtió en “el emblema de un sexenio… donde los temas de corrupción, de falta de rendición de cuentas, de ineficaz gubernamental y de opacidad están a la vista de todos”.

Y como prueba la situación de Arístegui, el contexto en el que se desarrollan trabajos como el suyo sigue siendo hostil. The New York Times publicó hace poco que los teléfonos de Arístegui y de otros periodistas y defensores de los Derechos Humanos fueron infectados con Pegasus, un programa de espionaje israelí que sólo puede ser usado por los gobiernos para vigilar a delincuentes y terroristas. El gobierno mexicano negó haberlo utilizado contra sus opositores.

Pero México sigue siendo el país más peligroso sin una guerra declarada para hacer periodismo. La cifra de muertos es incluso peor que las de Irak o Siria. Seis periodistas han sido asesinados en los primeros seis meses de 2017.

No cabe duda alguna de que algunos periodistas que investigan lo pagan con su vida.

A Miroslava Breach la acribillaron en marzo de 2017 después de revelar que había candidatos vinculados al narcotráfico en Chihuahua, al norte del país. Uno de sus colegas, la corresponsal de Proceso Patricia Mayorga, está exiliada en Estados Unidos.

Según Moreno, “la violencia tiene que ver con el crimen organizado, con autoridades coludidas con crimen organizado” algo que ha provocado “sin duda que las investigaciones sobre la colusión con las autoridades bajen” pero, añadió

“yo no diría que ha provocado el fin de periodismo de investigación”.

La prensa en México se ha alineado tradicionalmente con un partido político y se ha acostumbrado a recibir pagos a cambio de buenas coberturas. Muchos medios tradicionales sobreviven gracias a la publicidad distribuida por los gobiernos para manipular coberturas

¿Cómo te metes en un tema en contra del gobierno si tu medio sigue viviendo del gobierno? se pregunta Xanic.

Pero los periodistas siguen descubriendo maneras para investigar. Arístegui mantiene su propia página en internet y emite su programa a través de la red desde enero tras dos años de exilio de la radio.

Uno de los periodistas de su equipo, Daniel Lizárraga, trabaja en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una organización sin ánimo de lucro que ha desarrollado decenas de investigaciones sobre sobornos y comisiones por parte del gobierno y empresas transnacionales.

Lizárraga, con Xanic y otros periodistas como Marcela Turati e Ignacio Rodríguez Reyna fundaron hace poco Quinto Elemento Lab, un proyecto con financiación de Open Society Foundations para dar dinero, orientación y espacio a reporteros que hacen periodismo de investigación.

Su primera convocatoria recibió 119 propuestas de 207 periodistas en 23 estados mexicanos. Xanic dice quela calidad de los proyectos es bastante alta y que fue muy difícil elegir a los finalistas.

Todos citan publicaciones fuera de las ciudad grandes que desarrollan proyectos agresivos. Desde Noroeste en Sinaloa, donde regresaron los camiones y la investigación sobre la fábrica de amoníaco tuvo como consecuencia que los inversores se retiraran del proyecto aunque los permisos sigan siendo válidos.

También concuerdan en que a México le queda camino por recorrer.

“No tenemos resulto el tema de libertad de expresión  teniendo  periodistas asesinados,  autocensurados o perseguidos a pesar de que pueden verse algunos espacios de comunicación que pueden dar ciertos respiros”, cree Arístegui.

De izquierda a derecha: Marcela Turati, Ignacio Rodriguez Reyna, Daniel Lizarraga y Alejandra Xanic von Bertrab de Quinto Elemento Lab.

photo: Facebook

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SIN JUSTICIA EN VERACRUZ

Periodismo investigación

From left to right: Marcela Turati, Ignacio Rodriguez Reyna, Daniel Lizarraga and Alejandra Xanic von Bertrab of Quinto Elemento Lab.

photo: Facebook